La Europa Social y la Constitución Europea. Por Domènec Ruiz Devesa.

El trabajo que sigue fue publicado en el Diario Información, el día 16 de agosto de 2005.

Domènec Ruiz Devesa, Licenciado en Derecho y Economía (Universidad Carlos III de Madrid), en Ciencias Políticas (UNED) y Máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Johns Hopkins, es Consultor del Banco Mundial en Washington D.C.

El 29 de mayo pasado los franceses rechazaron en referéndum el proyecto de Constitución Europea, seguidos dos días después por los holandeses. Desde entonces, la Unión Europea se encuentra sumida en la desorientación, la falta de liderazgo y la apatía. En España nos pronunciamos mayoritariamente a favor de este proyecto de Constitución, seguramente porque percibimos más aspectos positivos que negativos, aunque es cierto que el Tratado Constitucional se quedaba muy corto en materia social. En el momento actual, de nada sirve lamentarse por este resultado descorazonador. Conviene analizar sus causas con serenidad y avanzar soluciones. En Francia, en particular, la balanza se inclinó hacia el lado del “no” por los votos de una porción nada desdeñable de la izquierda, incluyendo a muchos votantes del Partido Socialista Francés. El voto contrario a la Constitución desde posiciones nacionalistas, anti-europeas o simplemente xenófobas se daba por descontado, al igual que el voto de protesta contra el impopular gobierno de Chirac y Raffarin. Pero para hacer caer la Constitución hacía falta más que eso. La sequedad del proyecto constitucional en materia social, salarial y fiscal es una de las causas del rechazo francés. La Constitución Europea es sin duda fruto de un compromiso. Los miembros de la Convención que redactó el proyecto, y los gobiernos posteriormente, fueron capaces de acordar avances muy significativos tales como la incorporación a la futura Constitución de la Carta de Derechos Fundamentales aprobada en Niza, la creación de un Ministro europeo de Asuntos Exteriores, y la ampliación de la capacidad legislativa del Parlamento Europeo, entre otros. Sin embargo en materia social, no hubo compromiso alguno. El compromiso consistió en no alcanzar ningún acuerdo y en dejar esta materia fuera de la Constitución, con la excepción de sustituir el término “alto nivel de empleo” por “pleno empleo” entre los objetivos de la Unión. Propuestas tales como el salario mínimo o el impuesto sobre la renta no fueron siquiera tomados en consideración.

Precisamente ahí reside la contradicción fundamental de la Constitución Europea, auspiciada por la posición británica y el neoliberalismo en particular. Se pretende construir un mercado interior en el que los estados puedan utilizar mecanismos institucionales para obtener ventajas competitivas, tales como rebajas de impuestos, ya sea a las empresas o sobre el ahorro, menor protección social y por tanto menores costes laborales, o mediante la promoción de bajos salarios. Es un mercado que se funda en las asimetrías institucionales en lugar de en la competencia basada en la inversión tecnológica y en la mejora del capital humano. Es como jugar al fútbol con porterías y áreas de distinto tamaño, en lugar de entrenar, mejorar la forma física o pasar el balón mejor que el rival. Por eso, The Economist en su editorial del 4 de junio analizaba el “no” de Francia y Holanda como un rechazo a más integración política y pedía que cada país sea libre de desarrollar “tanto malas como buenas políticas”, entiendo por malas “innecesarias y costosas  regulaciones sobre horarios de trabajo o seguridad en el empleo”. La sesgo ideológico de este semanario tiende a confundir el problema en su totalidad. A lo que los franceses no parecen estar dispuestos es a que la Unión Europea consagre la competencia en materia fiscal, social y salarial como algo natural y hasta deseable, y su fenómeno resultante que es la pérdida de empleo, las deslocalizaciones y el deterioro de los servicios sociales.

En resumen, si queremos que esta Constitución sea aprobada, es necesaria una iniciativa de gran calado sobre la Europa Social que la refuerce a los ojos de los ciudadanos. Es preciso lanzar un mensaje político a la ciudadanía, que disipe dudas sobre la compatibilidad entre crecimiento económico y políticas de bienestar. Este mensaje podría materializarse en un documento adjunto a la Constitución Europea, donde se adquiriera un compromiso políticamente vinculante de practicar una competencia sana en un mercado cada vez más armonizado institucionalmente. Este “Protocolo Social” resultaría de una cumbre monográfica sobre la Europa Social, y permitiría volver a votar el proyecto de Constitución con las obligaciones cumplidas, allí donde fue rechazada.

España está en buenas condiciones de promover esta iniciativa, tanto en el Consejo Europeo, como en la Comisión y en el Parlamento Europeo. Es el momento de dar una respuesta a las inquietudes de los ciudadanos, alcanzando un verdadero compromiso sobre la Europa Social.


 

<< volver