Caos por concordia.
Por Francisco Ruiz Marco
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Publicado en el Diario Información el día 6 de octubre de 2004.

 

Que viejo y absurdo suena, con el paso del tiempo, todo lo escrito por quienes carecemos de los dones de la sagacidad para el análisis y del genio para la prosa. Releo hoy un artículo publicado en estas páginas hace apenas cuatro meses (diario Información, 23/5/04) en el que, con el ingenuo título de “El Palacio de la Concordia”, elogiaba la decisión del Alcalde de renunciar a la vía judicial para decidir la ubicación del recinto congresual (“pleitos tengas y los ganes”), sugería la oportunidad de un consenso entre las fuerzas políticas y sociales de la ciudad entorno al proyecto, y rogaba a la oposición que no utilizara el Palacio como ariete político contra el gobierno municipal. En definitiva, y, por lo demás, sin pizca de originalidad, me permitía sugerir la concordia y el acuerdo generoso entre todos los sectores implicados, como método para la consecución de un objetivo estratégico para el futuro de la ciudad, como parece serlo la construcción del Palacio de Congresos.

El devenir de los hechos demuestra, además de cuestiones de mayor hondura, más abajo enunciadas, que yo no tengo ningún futuro como analista político, ni como articulista, ni mucho menos, como escribano con algún poder de convicción; y ello, porque cuantos riesgos pensaba yo que acechaban al Proyecto (la eventual instrumentalización demagógica de los vecinos; una actuación irresponsable o partidista de la oposición, etc.) han resultado puras nimiedades comparadas con lo que verdaderamente pone en grave peligro la viabilidad del Palacio: el violento enfrentamiento interno del PP

Así, pues, un analista avisado hubiera intuido que lo prudente no era requerir consenso entre los partidos, sino consenso en el partido, concretamente en el que ocupa las responsabilidades del gobierno municipal; y lo inteligente no era pedirle a la oposición que descartara utilizar el Palacio como ariete contra el gobierno; sino rogarle a los grupos enfrentados en el seno del PP que no convirtieran el Palacio en su particular campo de batalla. Ahora, como resultado de las luchas internas entre los “populares”, en el lugar de la concordia se ha instalado el caos, magníficamente escenificado en el reciente acto organizado por el Colegio de Arquitectos. Veámoslo: a un debate específico sobre la ubicación del Palacio de Congresos en la Sangueta, el promotor de la idea, el señor Alcalde, decide no asistir, ni enviar a nadie en su representación (eso se llama “tenerlo claro”); acuden por contra –nunca mejor dicho lo de “por el contra”– dos Concejales de mismo partido que el Alcalde, pero no como Concejales, sino como simples ciudadanos – lo que demuestra que la esquizofrenia o personalidad desdoblada, no siempre es una enfermedad–  y en el ejercicio de esa digna condición, uno de  estos ciudadanos plantea situar el Palacio donde lo proponía el PSOE hace más de una década; y el otro ciudadano, siempre en el ejercicio de su libertad de pensamiento  –y  no como partícipe de la lucha intra partidista–  opta por la misma ubicación defendida por quien parece ser el más encarnizado rival político del Alcalde (que no es, como se pudiera pensar el jefe de la oposición, sino el Presidente de la Diputación, al cabo su compañero de partido), quien propone construir el Palacio  en los muelles 5 y 7 del puerto; el portavoz del PSOE apoya la idea del Alcalde, resultando deseable que el ofrecimiento lo sea como  ejercicio de responsabilidad política y en aras al interés común, y no como forma de agudizar la crisis que atormenta al equipo de gobierno; pero de inmediato reacciona la Autoridad Portuaria quien, sin duda con ánimo constructivo, declara que ubicar el Palacio en el puerto le parece un magnifica idea, si bien adelanta, que justo en el lugar donde propone el sector libre-pensador del PP, no es posible construirlo.

Los argumentos esgrimidos en pro y en contra de las diversas alternativas también constituyen un modelo de coherencia lógica y de altura intelectual; el Alcalde afirma que los demás  –los “demás” son fundamentalmente los miembros de su propio partido–  se oponen a la Sangueta “por fastidiar” (¡análisis profundo, donde los haya!); y los “demás”  –que ya sabemos quienes son–  aluden a cuestiones tales, como la complejidad administrativa (lo que equivale a reconocer que el engendro burocrático de nuestro Estado produce pánico incluso a los poderes públicos), o al hecho de que un solo vecino podría retrasar la ejecución del proyecto, lo que no deja de mover a la perplejidad, dicho por boca de una política miembro del partido que en un tiempo record tramitó y ejecutó, en contra de la opinión mayoritaria de los vecinos de Campello y de Alicante,  una monstruosa barrera frente al mar, convirtiendo kilómetros de una maravillosa playa en un inhóspito andén ferroviario

Y, mientras con argumentos de ese calado, los responsables del Partido Popular siguen librando su personal batalla por el poder, los ciudadanos  –y los expertos–  continúan sin conocer las características concretas del proyecto: la idea global de intervención urbanística, su coste económico, las Administraciones comprometidas en su financiación, la participación del sector privado, los plazos estimados de ejecución, el impacto ambiental y el aporte, el incremento, que el plan supondría para la ciudad en términos económicos, de imagen y de generación de cultura y conocimiento. Casi nada de eso sabemos del proyecto del Alcalde y, menos todavía, de las alternativas (?) formuladas por sus rivales políticos –sus propios Concejales; pero eso sí, que las formulan, a título “particular”–

Visto, pues, lo sucedido desde que el Primer Regidor decidió renunciar al contencioso judicial sobre el Palacio, parece razonable sospechar que el caos diabólicamente se ha apoderado del proceso al punto de aproximarlo al infierno de lo irrealizable.

Reconducirlo  –pasar del puro disparate a la eficacia  en  la  gestión de lo público–  exige un pacto; pero ese pacto hay  que reclamarlo, ahora, a los responsables locales del PP. Son estos los que tienen la obligación política y moral de excluir el Palacio de Congresos de sus luchas intestinas. Las diversas facciones del Partido  Popular  deben llegar a un acuerdo en este asunto  en  cuestión  de  semanas  y  si ellas solas son incapaces  de  alcanzarlo,  deberá  imponerlo –en  el marco de los estatutos– Zaplana, Camps o  Rajoy,  o  quien  quiera que sea el  que  mande,  en  una  conversación  telefónica  que   no debiera durar más allá de cinco  minutos. Un  cierto  sentido  de la decencia política, el que antepone el  interés  general  a  las  luchas partidistas, justifica una intervención de este tipo.  De otra manera, ellos perderán no sólo el Palacio, sino  también   el  “partido”,  y  la ciudad perderá una  –otra más– oportunidad de futuro.

Alicante, 4 de octubre de 2004.


 

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